La Superintendencia de Seguridad Social publicó el tercer informe anual del Cuestionario de Evaluación del Ambiente Laboral-Salud Mental. Son 1.021.129 trabajadores en 20.913 unidades de empleo: la medición de riesgo psicosocial más grande que se hace en el país, con un instrumento que además es obligatorio.
Las dos lecturas
del mismo informe
El índice general dice que el 79,2% de los centros de trabajo quedó en riesgo bajo. Es una buena noticia, y es el número que normalmente llega a la reunión de gerencia.
Las mismas personas, medidas en las mismas semanas, arrojan esto cuando cada dimensión se mira por separado:
Un centro de trabajo puede salir en riesgo general bajo y estar, al mismo tiempo, sobrecargado, vulnerable y emocionalmente exigido. No hay contradicción: hay un promedio. El índice general resume dimensiones que se mueven en direcciones distintas, y al resumirlas las cancela entre sí.
Con el índice general en la mano no se puede decidir nada, porque es justamente el número que esconde lo que habría que corregir.
Lo mismo pasa
por sector
El informe publica el riesgo general no óptimo por rama económica. Los más altos son administración pública (44%), salud (42,3%) y educación (30,9%). Los más bajos son minería (4,7%), construcción (5,5%) y agricultura, silvicultura y pesca (7,3%).
Conviene leer esa tabla con cuidado, porque invita a un error. Esas cifras por sector son índices generales, exactamente el mismo tipo de promedio que acabamos de ver que esconde el problema. Un sector en 7,3% general convive con el 86,5% nacional de centros en carga de trabajo no óptima. La tabla no dice que en la industria no pase nada: dice que ahí el promedio tapa más que en otras partes.
Dos cortes
que el índice no muestra
La salud mental no óptima afecta al 66,3% de las mujeres frente al 55,1% de los hombres, once puntos de diferencia que el promedio general disuelve. Y un 33,9% reportó violencia o acoso en los últimos doce meses —37,1% entre las mujeres—, un dato que cae de lleno en el ámbito de la Ley N°21.643.
La pregunta que
el informe deja abierta
El instrumento funciona. Identifica, desagrega y publica. La medición es obligatoria y las empresas la están haciendo. Ese no es el problema.
El problema empieza después. Ninguna norma chilena obliga a tener un equipo ejecutando dentro de la operación las medidas que el informe indica, turno tras turno, durante el año. La cadena está completa hasta la prescripción y no tiene a nadie asignado después de ella. No es una falla de gestión de ninguna empresa en particular: es como está construido el sistema.
El resumen del informe en una imagen. Puede compartirla.