El cuestionario obligatorio de riesgo psicosocial publica sus resultados por rama económica. Tres sectores encabezan la lista, y los tres son del Estado o viven de él.
El tercer informe anual del cuestionario obligatorio de evaluación del ambiente laboral y salud mental midió a 1.021.129 trabajadores en 20.913 unidades de empleo. Al abrir el resultado por rama económica, los centros de trabajo en riesgo general no óptimo se concentran en administración pública (44%), salud (42,3%) y educación (30,9%). En el otro extremo aparecen minería (4,7%), construcción (5,5%) y agricultura, silvicultura y pesca (7,3%).
El 30,9% de esta tabla es el porcentaje de centros del sector educación en riesgo general no óptimo. Circula otra cifra idéntica referida a licencias médicas por trastornos mentales: son datos distintos y no deben citarse uno por otro.
Esos porcentajes son índices generales, y un índice general es un promedio. En el mismo informe, cuando se mira dimensión por dimensión, el país entero aparece con 86,6% de centros en vulnerabilidad no óptima, 86,5% en carga de trabajo y 74,3% en salud mental. Un servicio puede salir en riesgo general bajo y estar sobrecargado al mismo tiempo. Lo desarrollamos en esta lectura.
Mirado en el tiempo, el indicador comparable entre los tres informes anuales —centros con salud mental en situación no óptima— va 75,0% · 71,8% · 74,3%. Tres años midiendo, y el nivel sigue donde estaba. El universo cambia entre ediciones, así que la comparación es indicativa y no un panel fijo: lo decimos cada vez que mostramos esta serie.
En el sector público la salud mental dejó de ser un asunto silencioso. Hay encuentros gremiales, mesas de trabajo y dirigentes que llevan el punto a la autoridad, y eso es exactamente lo que corresponde: poner el problema donde se decide. La representación y el diálogo abren la puerta.
Conversar el problema y medirlo son dos tercios del camino. El tercio que falta es alguien ejecutando, dentro del servicio, lo que la medición ya indicó.
Y el costo de ese tercio pendiente ya tiene cifra oficial: los días no trabajados por funcionario del Gobierno Central subieron 84% entre 2006 y 2023, y todo el aumento viene de licencia médica.
Ninguna norma obliga a una institución a tener un equipo ejecutando las medidas prescritas dentro de su operación, turno tras turno. Tampoco se lo prohíbe. Esa decisión es de cada servicio, cada municipio y cada institución, y hoy depende enteramente de que alguien adentro la tome.
Nosotros no certificamos el cumplimiento de ninguna norma ni reemplazamos a nadie de los que ya están. Hacemos la parte que queda vacante después del informe: estar adentro, sobre los turnos reales, y dejar registro medible de lo que se hizo.
Aplicamos nuestro kit de evaluación sobre su dotación real, lo cruzamos con los registros de ausentismo y rotación que usted aporte, y le entregamos un informe escrito con el resultado general de su organización. Sin costo y sin compromiso de contratar nada después. El corte por área y por turno va en la medición que se contrata aparte y en el programa anual.